Sé lo que dijisteis en el último Pleno (Sobre el derecho a la vivienda)

En la sesión del Pleno municipal, los vecinos y las vecinas de tres edificios de nuestra ciudad, donde viven en régimen de alquiler, expusieron la situación que están sufriendo debido a la proximidad de la fecha de finalización de sus contratos. La propiedad les ha comunicado que tendrán que abandonar su vivienda si no es que están dispuestos a asumir el incremento de renta que les proponen, que puede llegar a ser del 40% en algunos casos.

Este caso no ha tenido el mismo eco en los medios de comunicación que el que ha tenido el de Sant Joan Despí. Estos días, los medios de comunicación han hecho eco de la situación que sufren los inquilinos del edificio situado en la Avenida Tarragona número 113 de Sant Joan Despí. El caso de San Juan Despí y el de Castelldefels son muy similares. En ambos casos se trata de edificios que han estado en manos de la SAREB; en ambos casos la SAREB los ha vendido a fondos de inversión o fondos “buitre”; en ambos casos, al finalizar el contrato de alquiler, estos fondos de inversión o fondos buitre comunican a los inquilinos que o pagan más o no les renovarán el contrato. En 2012 se creó la SAREB, popularmente conocida como “banco malo”. El objetivo de su creación era que absorbiera los activos tóxicos de los bancos, es decir, terrenos y edificios que se habían desvalorizado. Lo que pudo ser un medio para que la vivienda tuviera un uso social se convirtió en una fuente más de especulación del mercado inmobiliario. La SAREB gestiona 100.000 viviendas en todo el Estado. De estos, 39.156 están en la zona metropolitana de Barcelona. Una parte de la solución para hacer políticas de vivienda sería que la SAREB pusiera a disposición de las administraciones públicas este parque del que dispone. Al contrario. Opera como un fondo de inversión más del mercado inmobiliario. La SAREB no sólo es uno de los agentes del problema de los vecinos mencionados anteriormente, en Castelldefels tenemos otro ejemplo: el edificio de la C / Santiago Rusiño. La SAREB es su responsable y, a pesar de que es conocedora del interés del ayuntamiento de convertirlo en un edificio de viviendas para atender a los colectivos más necesitados, no las ha puesto a su disposición.

Al mismo tiempo, lo que parecía que era una situación que se limitaba a grandes ciudades como Barcelona como consecuencia de la turistificación, llega a ciudades como la nuestra. Y es que quien provocó la burbuja inmobiliaria hace 10 años ha encontrado un nuevo filón: la burbuja del alquiler. Repasemos algunos datos. Entre 1997 y 2007, se construyeron 6,6 millones de viviendas, una cantidad casi igual a las que construyeron Francia, Italia y Alemania juntas. Durante la misma década, mientras los salarios se incrementaban en un 30%, el precio de la vivienda lo hacía en un 300% a pesar de que había más oferta que demanda. Desde 2008, se han producido más de medio millón de desahucios en todo el territorio del Estado de los cuales un 50% han sido de viviendas de alquiler. En 2017, el precio del alquiler en el conjunto del Estado ha tenido un incremento del 18,4% y en la demarcación de Barcelona ha sufrido un aumento del 8,8% mientras que en Castelldefels ha sido del 21,5%, un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que en la ciudad de Barcelona, ​​la más cara del Estado, se produjo un decremento del 2,4% y que, actualmente, el precio medio del m2 en nuestra ciudad se sitúa en los 16,10 euros, sólo 1,40 euros por debajo de Barcelona, ​​mientras que los salarios sólo se han incrementado un 1,41%.

Hacen falta leyes que limiten los precios del alquiler, que regulen el mercado de la vivienda y que frenen su utilización como un elemento especulativo más. Hay que invertir en políticas que garanticen el acceso a la vivienda por parte de todos. La ley que regula el alquiler (LAU) desprotege a los inquilinos y no hay ninguna ley que ponga la función social de la vivienda como principio básico. La vivienda debería ser un derecho con la misma consideración que tienen la salud y la educación y debería estar protegido de ser objeto de especulación y debería estar garantizado para todos. Pero la realidad queda muy lejos de esta consideración. A pesar de que el derecho a la vivienda está reconocido como tal, la ley no lo ampara como tal y deja en manos del mercado un bien que es de primera necesidad.

Mientras tanto, los ayuntamientos, la institución más cercana a la ciudadanía, no tenemos margen de maniobra para actuar con solvencia y celeridad ya que no tenemos competencias en materia de vivienda y ni la SAREB ni los fondos de inversión ni las entidades bancarias -que al fin y al cabo tienen la llave para resolver la situación puesto que ostentan la propiedad de la gran parte de las viviendas vacías- no tienen ninguna obligación de darnos prioridad para disponer de parques de vivienda que puedan cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Los grupos del Equipo de Gobierno Municipal presentamos una moción en defensa del derecho a la vivienda que recogía las cuestiones que hay expuestas en este post. Se aprobó con los votos favorables de todos los grupos municipales y la abstención del PP.